Corte Suprema de Carolina del Sur permite prohibición del aborto de seis semanas

COLUMBIA, SC — Hoy, la Corte Suprema de Carolina del Sur ratificó la recién promulgada prohibición del aborto en el estado después de aproximadamente seis semanas de embarazo (Senate Bill 474). La ley, que estaba bloqueada desde el 26 de mayo, es casi idéntica a una prohibición de seis semanas anulada permanentemente por esta Corte en enero de este año. Después de esa decisión de enero, la única juez mujer de la Corte Suprema se jubiló, y la legislatura nombró al juez Gary Hill para ocupar su puesto, cambiando la composición de la corte.

Como consecuencia de esta decisión, los proveedores de salud del estado se verán obligados a rechazar a pacientes que necesiten abortar después de seis semanas de embarazo, esto es antes de que muchas personas se enteren de que están en embarazo. Los habitantes de Carolina del Sur que necesiten atención más allá de las primeras etapas del embarazo tendrán que viajar fuera del estado para recibir cuidados médicos, buscar un aborto fuera del sistema de servicios de salud o continuar con el embarazo en contra de su voluntad.

Además, Carolina del Sur ha sido un punto de acceso vital para el aborto en el sur del país, ya que los estados circundantes han prohibido o restringido severamente el aborto. La sentencia de hoy significa que las personas de toda la región tendrán que viajar mucho más lejos para recibir cuidados de aborto.

La ley S.B. 474 contiene excepciones limitadas para la vida y la salud física de la persona embarazada y para los casos de diagnóstico fetal “incompatible” con la vida. Sobrevivientes de violación e incesto solo pueden acceder a la atención médica hasta las 12 semanas de embarazo y solo si su médico informa de la agresión —y da el nombre del paciente— a las fuerzas del orden, independientemente de los deseos de la persona misma.

En su opinión disidente, el presidente de la Corte Suprema Beatty escribió: “El resultado esencialmente obligará a un número incalculable de mujeres a dar a luz sin su consentimiento. Me cuesta pensar en una intromisión gubernamental mayor por parte de un órgano político. Este resultado no es una afirmación de la separación de poderes, como declara la mayoría, sino una abdicación del deber de esta Corte de determinar la constitucionalidad de la legislación impugnada”.

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America:

“La decisión de hoy de la Corte Suprema del estado tendrá profundas repercusiones en los servicios de salud básicos en Carolina del Sur y en toda la región, donde ya han eliminado el acceso para tantas personas. No se trata solo de una revocación asombrosa de una decisión tomada hace solo siete meses, sino un movimiento extremadamente peligroso y cínico por parte de la Corte que ha elegido hacer la voluntad de los políticos en contra del aborto”.

Declaración de Jenny Black, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood South Atlantic:

“La decisión de hoy pone de manifiesto la peligrosa politización de la más alta corte de Carolina del Sur y causará un daño irreparable a las personas de Carolina del Sur. Esta prohibición del aborto es casi idéntica a la prohibición anulada por esta corte hace apenas unos meses; lo único que ha cambiado es la composición de la corte. Las puertas de Planned Parenthood South Atlantic permanecen abiertas y seguiremos prestando servicios de aborto en Carolina del Sur bajo las severas restricciones de esta ley, pero sabemos que eso no es suficiente. Planned Parenthood y nuestros asociados seguiremos luchando por la capacidad de nuestros pacientes de controlar sus propios cuerpos, vidas y futuros, sin importar lo que pase”.

Los demandantes en el caso son Planned Parenthood South Atlantic y Greenville Women's Clinic —que operan las únicas clínicas que ofrecen abortos en Carolina del Sur— y dos médicos que practican abortos en Carolina del Sur. Están representados por Planned Parenthood Federation of America, el Centro de Derechos Reproductivos y el bufete de abogados Burnette Shutt & McDaniel.

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