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Salt Lake City, UT — Hoy, la Corte Suprema de Utah escuchó argumentos orales en el caso de un grupo de proveedores de aborto que desafían la prohibición con cláusula de activación del estado. Aprobada en 2020, la ley entró en vigor después de que el caso Roe vs. Wade fuera anulado por la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado. Tras un recurso legal presentado por Planned Parenthood Association of Utah, la prohibición con cláusula de activación no se ha aplicado debido a una orden judicial.

La prohibición con cláusula de activación prohíbe casi todos los abortos en el estado. La ley sólo incluye escasas excepciones, entre ellas una disposición que obliga a sobrevivientes de agresiones sexuales a revelar información personal a las autoridades como condición para recibir atención médica, e incluso estas excepciones pueden ser prácticamente imposibles de navegar. Además de prohibir el aborto, la ley con cláusula de activación también criminalizaría a los proveedores de servicios de salud, amenazando con arrestos y multas penales por prestar servicios de aborto.

Declaración conjunta de Planned Parenthood Association of Utah, Planned Parenthood Federation of America y la ACLU de Utah:

“Hoy, la Corte Suprema de Utah ha escuchado declaraciones sobre las consecuencias devastadoras a las que podrían enfrentarse las personas de Utah si se permite que la prohibición con cláusula de activación entre en vigor. Miles de personas se verán obligadas a dejar sus comunidades para recibir servicios de salud básicos o a llevar a término embarazos en contra de su voluntad. Todas las personas merecen el derecho de tomar sus propias decisiones médicas y a recibir los cuidados que necesitan, sin interferencias políticas. Pacientes y proveedores siguen dejándolo claro y, juntos, utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para luchar contra estos intentos inconstitucionales de ilegalizar el aborto y despojar a los habitantes de Utah de sus derechos fundamentales”.

Planned Parenthood Association of Utah está representada por abogados de Planned Parenthood Federation of America, Zimmerman Booher, la American Civil Liberties Union of Utah Foundation, Inc. y la American Civil Liberties Union.

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